Una verdad indigesta
Las pasadas semanas estuvieron marcadas por la decisión del Tribunal Supremo de archivar la querella que el ex fiscal de Lugo, Jesús María Izaguirre, presentó en su día contra los ediles de la última corporación popular acusándoles de malversación de caudales públicos y prevaricación. La acción penal de la fiscalía venía a culminar el largo proceso de acusaciones y desprestigio contra los gobiernos de César Aja que había puesto en práctica la corporación de Melchor Roel al poco tiempo de llegar a la alcaldía. Con ello, los nuevos mandatarios ponían de manifiesto que no iban a renunciar al auténtico propósito con el que la lista del PSOE había concurrido a las elecciones de
El capítulo que ha cerrado el Tribunal Supremo con el archivo de la querella presentada en su día por la fiscalía comenzó hace ahora cuatro años, en agosto de 2003 cuando al poco tiempo de hacerse con la alcaldía, Melchor Roel inició su campaña contra los anteriores gestores. Así, el 21 de agosto de 2003
La noticia corrió como la pólvora por el municipio, y pr
onto se convirtió en motivo de chascarrillos y comentarios de taberna, cuando no de airadas críticas que daban por sentado la veracidad de las graves acusaciones melchorianas. El clima de opinión era claramente adverso contra los anteriores mandatarios y, cuando menos, la duda se había instalado en la mente de la mayoría de los vecinos.
“Me alegro de que me haga esa pregunta”
Y así, con la honestidad de la oposición bajo sospecha, Melchor Roel cumplió sus primeros cien días como alcalde, henchido de orgullo y sacando pecho. Para celebrarlo,
añable charla, donde el pasteleo era ya, más que evidente, nauseabundo, la entrevistadora pregunta a Roel con pasmosa naturalidad: “¿Hay razones para que el PP acabe en el juzgado?” (recordemos que hacía poco más de tres meses que Roel había llegado a la alcaldía) a lo que Roel, complacido de que le hicieran esa pregunta, respondía en tono condescendiente “No lo diremos nosotros. Yo espero que no, pero eso no significa que nosotros tapemos nada. Hay una auditoría del año 2000 que aún estamos pendientes de que se publique. Nosotros vamos a ir a la auditoría, no con el espíritu de ángel vengador. Vamos a crear una comisión ciudadana que vaya viendo las facturas, algunas, de escándalo.” Verdaderamente revelador de las intenciones de Roel.
El siguiente paso de Roel en esa estrategia consistió en exigir a los anteriores concejales la devolución de las cantidades percibidas, en un gesto populista y rastrero donde los haya, que tanto gustan a los dictadorzuelos caribeños.
La fiscalía entra en juego
En medio del linchamiento mediático que Roel estaba infligiendo a la oposición, (al tema de las dietas se añadiría posteriormente un maremagnum de denuncias en otros asuntos) tripartito y PP votaron a favor de remitir los hechos denunciados a la fiscalía. Lógicamente el PP con la intención de demostrar su inocencia –pues al fiscal corresponde archivar unos hechos cuando no aprecia en ellos delito- y el PSOE con la intención de encarcelar a la oposición. Así, el pleno del tres de enero de 2004 aprobó remitir a la fiscalía provincial de Lugo las actuaciones denunciadas hasta entonces en la prensa. El diario El Progreso daba cuenta de la noticia, comentando “La sesión plenaria de ayer dejó claro que, para los grupos que gobiernan, la herencia es como un saco sin fondo, pero ¿será verdad o será, como preguntó en voz alta el portavoz popular, que el goteo de acusaciones hace que lo parezca? Sea como fuera, es preciso que se aclare cuanto antes, y, por fin, parece que todos están de acuerdo en eso. A ver si unos se ponen a gobernar y otros a hacer oposición, que ya toca.” Nunca unas palabras fueron tan acertadas.
Convencido de que el fiscal iba a proceder según sus deseos, Melchor Roel se ponía al frente de la manifestación en el mes de abril y, una vez más, en
Dicho y hecho, el entonces fiscal de Lugo Jesús María Izaguirre -que desde su llegada a Lugo se había hecho famoso por presentar más de cien querellas contra cargos del PP en la provincia- tras analizar los hechos estimó que había indicios racionales de delito y presentó la correspondiente querella por malversación y prevaricación contra la corporación popular, si bien en el camino se quedaron otros pretendidos delitos que, ni siquiera aquel fiscal, se atrevió a considerar como tales.
Tras el correspondiente itinerario judicial, el asunto pasó de los juzgados de Viveiro a
En dicho Auto, el Supremo hace constar que «el objeto de este proceso, mantener un sistema retributivo que había sido derogado, extremo que no fue advertido por el Ayuntamiento y cuya vigencia es, por otra parte, dudosa, respecto al que ninguna instancia de control, interno o externo al Ayuntamiento puso objeción ni reparo alguno, no puede ser subsumido en la tipicidad de la prevaricación ni en la malversación”.
«En el presente supuesto (...) la recepción de retribuciones en la forma que se realiza era una cuestión no discutida en los órganos encargados del pago y los de fiscalización, interna y externa e, incluso, discutida en sede jurisdiccional. Consecuentemente, no puede afirmarse la realización de la acción sustractiva con ánimo de lucro», concluía.
Pío, pío que yo no he `sío´...
Como cada vez que la majadera realidad no se pliega a sus deseos, la decisión del Alto Tribunal se le indigestó a Melchor Roel, quien reaccionó dando lecciones de Derecho al Tribunal Supremo. Pero su segunda reacción fue, si cabe, más esperpéntica todavía. Ante el temor de que la campaña que, con tanto entusiasmo emprendió en su día contra el PP, se le volviera en su contra, Roel empezó a desmarcarse del asunto y a negar que fuera la alcaldía quien se querelló contra los populares. Añadía así a la infamia la cobardía. En su escenificación, Roel se atrevió incluso a desafiar, -su actitud favorita en esta vida- al Partido Popular a que demostrase que había sido él el autor de la querella. Vano esfuerzo que no convenció ni siquiera a los muy adeptos. Cualquier vecino sabe que, aunque técnicamente fue la fiscalía la que interpuso las querellas, es un hecho claro que el ministerio público jamás hubiera actuado así de no haberle remitido el Ayuntamiento las supuestas irregularidades que Melchor Roel “revelaba” en la prensa. Y, como nuestro regidor, -sobrevenido penalista-, sabe, la causa de la causa es causa del mal causado.











